el Alfoz de Gauzón
El 18 de Julio, una parte del ejército apoyado por algunas organizaciones de derechas protagoniza un golpe de estado contra el legítimo estado republicano. Dentro de las instrucciones de este movimiento, se declara la aplicación de la violencia como método indispensable para paralizar toda respuesta organizada de la izquierda y del aparato democrático. El nuevo régimen político que surge del fracaso de esta sublevación instaura un sistema de terror y de represión destinado a “limpiar” España de todo aquél que fuera considerado un enemigo de la patria y de sus intereses.
La violencia se manifiesta de forma brutal desde los primeros días. Las primeras víctimas son los militares que no se suman a la conspiración, los miembros de los gobiernos republicanos y los dirigentes de las organizaciones de izquierdas.
Los estudios más recientes muestran cómo esta medida, además de intentar atajar toda respuesta organizada, iba mucho más allá, y respondía a un plan de desarticulación del estado democrático que había calado en la sociedad española de los años 30.
Los militares y las fuerzas del orden sublevadas organizan de forma premeditada la represión. La violencia indiscriminada sobre una parte de la población se justificó en aras de la salvación de la Patria y de la estabilidad social, “su” estabilidad social.
La política social y económica del gobierno salido de las urnas en febrero de 1936 amenazaba el poder de los sectores más tradicionales. Las reformas sociales, la reforma agraria o la secularización total de la vida pública eran causas suficientes para que este grupo de la sociedad española justificase el golpe de estado y la represión desatada.
La represión se organiza y se manifiesta de distintos modos que coexisten a lo largo de la guerra y perviven durante mucho tiempo en el régimen franquista.
La represión irregular es el método por excelencia. Con este término, definimos una represión aparentemente desorganizada y fuera de los cauces legales del régimen, en el las víctimas no poseen ningún tipo de cobertura legal aunque son las fuerzas del orden, principalmente la Guardia Civil, con el apoyo incondicional de Falange, los encargados de ella.
Al margen de esta práctica, los sublevados institucionalizan el proceso represivo, con los militares como encargados de administrar justicia. La justicia militar es un auxilio esencial para los sublevados, proporcionando la apariencia de legalidad necesaria para el funcionamiento de la maquinaria represiva, pero también fundamental en la búsqueda de la legitimidad del Movimiento.
La argumentación de los rebeldes insiste en la necesidad del Alzamiento como un acto de legítima defensa ante la agresión de agentes externos a la patria. Surge, entonces, la paradoja, pues las personas que son procesados por esta justicia son acusadas de rebelión militar por militares sublevados.
Buena parte de los procesados son condenados a muerte. Otros, con mayor suerte, tendrán que redimir sus delitos a base de años de cárcel o de trabajos forzados en batallones.
Existe también otra tipología de represiones más allá de las condenas y de lo asesinatos arbitrarios. Los golpistas pusieron en marcha distintos mecanismos de control y depuración de la población. Las multas, las humillaciones públicas, la privación de derechos o del derecho al trabajo fueron instrumentos muy utilizados por los vencedores de la guerra.
Todos estos procedimientos tienen una consecuencia apreciable, como es el desmantelamiento de toda la estructura organizativa de la España democrática y del movimiento obrero. El régimen franquista se asienta sobre un poder coercitivo. “Limpiar España de rojos” no sólo fueron meras palabras.
